Entre 2017 y 2021, el gobierno de Lenín Moreno impulsó una reducción del tamaño del Estado bajo un enfoque neoliberal, lo que afectó la capacidad de gestión pública y debilitó la atención en sectores clave. Esta reducción de recursos e institucionalidad impactó significativamente en la política de rehabilitación social, lo que se reflejó en el aumento de la violencia dentro de los centros penitenciarios y en la reincidencia delictiva de los ex privados de libertad. Durante este período, las cárceles ecuatorianas fueron escenario de frecuentes amotinamientos y enfrentamientos violentos, resultando en un alarmante número de muertes, lo que evidenció el colapso del sistema penitenciario y la falta de estrategias efectivas para la reinserción social.