El crimen organizado es hoy en día una de las principales amenazas a la seguridad y a la gobernanza democrática en América Latina, por su capacidad para generar violencia y para corromper y capturar a las instituciones públicas, particularmente en aquellos niveles donde estas son débiles. Históricamente, en los países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), amplias áreas del territorio han estado abandonadas por el estado, tanto en materia de seguridad como en términos de servicios sociales, vacíos de institucionalidad que han sido tomados en algunos casos por organizaciones vinculadas con grupos criminales, que han sustituido al estado y, así, adquirido altos grados de legitimidad entre la población. Entender cómo se insertan social y económicamente esas organizaciones es clave para diseñar políticas tendientes a recuperar y consolidar la presencia legal y legítima de las instituciones del estado en su territorio.