El incremento de la violencia e inseguridad ciudadana en el Ecuador, durante los últimos 15 años, se ha constituido en un problema social que necesita ser abordado desde varias aristas y, más precisamente, por aquellas instituciones que tienen responsabilidad directa en el manejo de la seguridad pública como lo son la Función Judicial, el Sistema Penitenciario y, principalmente, la Policía Nacional.