El tema de la militarización y en particular el de la jurisdicción penal militar en México, ha sido una continua preocupación para defensores de derechos humanos y para víctimas y familiares de violaciones a los derechos fundamentales perpetradas por elementos del Ejército mexicano. Un factor común que ha prevalecido en diversos casos de violación a los derechos humanos es la participación de las fuerzas armadas en dos niveles. El primero de ellos como perpetrador directo de violaciones a los derechos fundamentales y, el segundo mediante la obstaculización de que sean las autoridades civiles quienes investiguen a los agentes militares que participaron en dichas violaciones. Este trabajo hace un análisis técnico en torno a los componentes, límites y atribuciones que en un Estado Democrático debe tener la jurisdicción penal militar y en estos términos proponer alternativas de reforma que lo hagan acorde con la vigencia de los derechos fundamentales.