Se revisa si en regímenes democrático – representativos la persecución penal de la retención de servidores públicos constituye una modalidad de criminalización ilegítima de la protesta social. La cuestión es respondida afirmativamente, con base en una argumentación que inicia con la caracterización del fenómeno de la retención de servidores públicos en contextos de protesta, para proseguir con el análisis proceso a través del cual ésta suele ser perseguida penalmente en México, empleando la distinción postulada por Zaffaroni entre la criminalización primaria y la criminalización secundaria.