Las reformas económicas aplicadas en el país a partir de los años ochenta dieron lugar a una creciente apertura económica que se consolidó con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Los países signatarios del tratado presentaron importantes asimetrías económicas que se vieron reflejadas en el poder negociador de cada uno de ellos, particularmente entre México y Estados Unidos. A pesar de que cada país se reservó algunos sectores: Canadá la industria cultural; Estados Unidos el tema migratorio; y México el sector energético, éste último tuvo que hacer concesiones importantes, particularmente en las áreas de gas natural y electricidad, y dejó clara la intención de que el sector se fuera abriendo progresivamente a la inversión privada.