El actual contexto político está marcado por la reinstitucionalización del Estado y su rol protagónico en el bienestar de los y las ecuatorianas. Desde la agenda política que se planteó y concretó en la Constitución de Montecristi, es mandato para todas las funciones del Estado, especialmente para el Ejecutivo, construir el Buen Vivir, a partir de las directrices marcadas por el Plan Nacional por el Buen Vivir y concretadas en las políticas públicas y líneas de acción priorizadas para los próximos años. Esta institucionalización -que recoge en buena parte las demandas y aspiraciones que las organizaciones y movimientos sociales han construido en las últimas décadas- es valorada como un logro importante en el proceso de transformación del país, pero también ha generado en los actores sociales incertidumbre acerca de su cual es su rol ahora que el gobierno considera como propias muchas de sus reivindicaciones. Hasta hace 5 años, la constante en la construcción organizativa en nuestro país se basó en la resistencia frente a los gobiernos que aplicaron las recetas dictadas desde organismos multilaterales. Pero ahora surgen dudas en estos mismos movimientos, ante nuevas circunstancias políticas: ¿qué hacer frente a un gobierno que no aplica estas recetas?; ¿cómo posicionarse en este escenario cuando varias políticas apuntan a cambios en el modelo de desarrollo, pero otras se mantienen sin mayores cambios desde que fueron implementadas en los años del neoliberalismo?; ¿cuál es la agenda que convoca y articula a los movimientos sociales si sus principales propuestas son ya parte de la Constitución del Ecuador?.