Pese a que el Ecuador ha reiterado a través de sus gobernantes y autoridades su política de “no intervención” en el conflicto interno colombiano, el país se ha visto vinculado indirectamente a éste al ser afectado, de diferentes maneras, por los efectos de la escalada de violencia interna en Colombia. Una de estas consecuencias es el incremento en el número de personas colombianas que han llegado al Ecuador en calidad de refugiados a partir del año 2.000. El Ecuador cuenta desde hace varias décadas con un marco normativo interno respecto de la recepción y protección de refugiados, creado en virtud de los compromisos internacionales asumidos por el país en la materia. Pero, el incremento constante de las solicitudes de refugio a partir del año 2.000, especialmente de ciudadanos colombianos, ha saturado el sistema de protección ecuatoriano y ha puesto en evidencia una serie de limitaciones de éste. Adicionalmente, ha generado nuevas demandas de integración local de la población refugiada, las cuales se expresan en: acceso a trabajo, a servicios de salud, a servicios de educación, a vivienda, a seguridad social, entre otras.