El Ecuador, luego de “la larga noche neoliberal” requería cambios profundos y urgentes en el marco jurídico hidrocarburífero. La situación jurídica era insostenible y la urgencia de cambiarla, indiscutible. Esta conclusión se nutre del análisis de la realidad petrolera ecuatoriana y de sus perspectivas, sobre todo después de dos décadas de depredación de la institucionalidad estatal y de entreguismo a los intereses transnacionales. La Constitución de Montecristi aprobada en referéndum el 28 de septiembre de 2008 demandó cambios sustanciales al marco jurídico hidrocarburífero. El proyecto de Ley de Hidrocarburos presentado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional no fue adecuadamente analizado. Se introdujeron ajustes puntuales para adecuar la ley a las demandas de renegociación contractual propuesta con una visión en extremo coyuntural. La nueva Ley de Hidrocarburos abre la puerta legal para la entrega de campos petroleros en explotación e incluso de la infraestructura petrolera a empresas estatales. Al crear los contratos para la exploración y/o explotación de petróleo se configura una situación compleja y contradictoria con los intereses nacionales.