En Guayaquil desde la segunda mitad del siglo XX y hasta la actualidad se han producido permanentes procesos de ocupación y apropiación ilegal de tierras agrícolas, periféricas o urbanas, públicas o privadas, por parte de grupos sociales pobres, provenientes del campo unos, otros con experiencia de vida urbana, a fin de conformar asentamientos donde puedan cristalizar su sueño de la casa propia. Los invasores siempre han contado con el apoyo adecuado y remunerado de promotores inmobiliarios informales y de mafias de traficantes de tierras, que generalmente han sido guardaespaldas de dirigentes políticos populistas y clientelares, vinculados contingentemente a los partidos políticos en apogeo en cada momento: CFP, PRE, PSC, Alianza País y Madera de Guerrero. Las invasiones y la conformación y consolidación de asentamientos ilegales y no planificados son consecuencia de la conjugación de múltiples factores, estructurales y coyunturales. Responden a las desigualdades sociales existentes; a la incapacidad del sistema económico urbano para generar empleos decentes y adecuadamente remunerados; a la discapacidad de los niveles central y local de gobierno para enfrentar la pobreza y sus inequidades sociales; a la insensibilidad de las élites sociales para acortar las grandes diferencias socioeconómicas sin recurrir al atajo del asistencialismo corporativista.