Aprovechando el ambiente de inseguridad que se sufre en el país, algunos sectores políticos han planteado una reforma constitucional que implica también una reforma a la ley penal. Se utiliza la coyuntura para acelerar el desmontaje del Estado constitucional, con el pretexto de que la delincuencia es producto del “garantismo constitucional” y de una legislación “protectora de los delincuentes”. Los sectores que promueven la reforma a la Carta Política se rasgan las vestiduras ante normas constitucionales y penales que son el resultado de la evolución de la cultura jurídica de la humanidad, y pregonan el endurecimiento de las penas, la rebaja de las condiciones de imputabilidad a los menores de edad, la supresión de las garantías del debido proceso. En suma, abogan por una legislación inspirada en teorías penales totalitarias superadas en las sociedades modernas. El incremento de la delincuencia ¿es culpa de las leyes que establecen garantías al debido proceso, a la víctima y al procesado? Si eso fuera así, los países más civilizados y democráticos del mundo estuvieran dominados por la criminalidad. En realidad, las causas de la criminalidad son más complejas que las indicadas por esa visión simplista y politiquera de echar la culpa de la inseguridad a una “legislación blanda y garantista”, en circunstancias que otros países tienen las mismas garantías procesales penales, y sin embargo tienen seguridad.