La consulta convocada por el Presidente Rafael Correa marca en el plano institucional y jurídico un punto de quiebre definitivo con el programa constitucional de Montecristi. Este quiebre venía dándose progresivamente al dictarse normas jurídicas o ejecutarse acciones o políticas claramente contrarias a la Constitución y sus derechos. Empero, la tendencia garantista y constitucionalista dentro del régimen se mantenía, aunque fuere cada vez más marginal y en retirada ante el hiperpresidencialismo, también presente en la Constitución y dominante en el gobierno, mientras el constitucionalismo garantista quedaba cada vez más reducido a discurso y servía cada vez menos como efectivo criterio de actuación pública. La consulta implica ya no solo crecientes contradicciones entre normas y políticas por un lado, y la Constitución por otro. Es más, la consulta desestructura la Constitución misma. Las propuestas del gobierno respecto a las reformas a las garantías penales y la independencia judicial marchan en un sentido diametralmente opuesto al de los componentes garantistas de la Constitución, entendiendo como tal el fortalecimiento de mecanismos institucionales para defender o concretar derechos, y por tanto limitar el poder; programa garantista en el cual jueces independientes y con poder propio son sus elementos esenciales.