Con motivo de la consulta popular del pasado 15 de abril, una de las opiniones ciudadanas que se repetía diariamente en la prensa era que la Asamblea Nacional Constituyente nos daría ‘mejores leyes’. Este convencimiento espontáneo expresa uno de los principales problemas jurídicos que la constituyente deberá asumir. ¿Cuál es la utilidad de una nueva constitución política si las actuales leyes no se cambian? ¿De qué sirven los derechos y garantías constitucionales si las leyes que regulen su efectivo ejercicio no se dictan? ¿Cómo va a actualizarse el actual ordenamiento jurídico de acuerdo con el nuevo marco constitucional? ¿Cómo van a regir los principios y garantías ciudadanas y la nueva estructura institucional, luego de que se apruebe la nueva constitución en referéndum?