La política neoliberal que el Ecuador padeció durante las dos últimas décadas fue una política de la mistificación: traída por los vientos de ese ambiguo fenómeno que se conoció con el nombre harto impreciso de «posmodernidad », y marcada indeleblemente por los voraces intereses del capital, confundió lo privado con lo público y lo hizo con tal ahínco que llegó a desdibujar la frontera entre sus ámbitos, disolviendo al mismo tiempo los referentes fundamentales de las concepciones del mundo que fueron lentamente edificadas por el pensamiento moderno. Como muchas veces se ha denunciado, una de las más astutas operaciones mistificadoras en ese devastador proceso fue la de haber politizado la justicia para lograr que los negocios privados se convirtieran en un falaz sucedáneo de los intereses generales. Lo que todavía no se ha dicho en forma suficiente es que también llevó a cabo la operación inversa: judicializó la política, sustituyendo la plaza pública por las oscuras salas de los tribunales como nuevo escenario de una política ya privatizada.