La crisis institucional que vive el Ecuador afecta con mayor intensidad al eje del sistema democrático. El Congreso Nacional es la institución más desprestigiada y sus integrantes, dada la perniciosa generalización reinante, sujetos del irrespeto, desconsideración y negativa calificación por un mayoritario sector de la ciudadanía. Que se vayan todos, es el grito dirigido, especialmente, a los diputados. No hay duda de que buena parte de ellos han hecho méritos suficientes para el rechazo ciudadano, pero es injusto y falso que todos los legisladores merezcan semejante actitud. El Congreso, no sólo en el Ecuador, merece, generalmente, negativa calificación. La dificultad de demostrar labor efectiva es especialmente aguda en el caso de un cuerpo colegiado integrado por cien personas que responden a las más diversas ideologías, partidos e intereses. Es en el parlamento en donde se refleja de manera clara la situación nacional: partidos debilitados, dirigencia sin renovación permanente -no sólo la política-, improvisación -que afecta a todos los sectores-, intereses de todo tipo, legítimos e ilegítimos, ahí representados. La mediocridad es tan generalizada, que es más fácil señalar los pocos diputados responsables, capaces, preparados. Pero en este estado de cosas, ni ellos se salvan de la censura generalizada.