Las relaciones entre el Estado canadiense y las naciones indígenas originarias revelan una trama de conflictos derivados de los derechos y la jurisdicción de los territorios indígenas. Esto ha sido particularmente evidente entorno a la implantación de minería en esos territorios. Tanto la consulta previa como la posibilidad de veto las actividades mineras involucra la intervención del Poder Judicial que en determinados casos puede parar y terminar proyectos de explotación.