A pesar de la existencia de un marco legal nacional desde el mes de octubre del año 1997 con la Ley de Descentralización del Estado y Participación Social; la crisis institucional y política, y principalmente la falta de visión y liderazgo de los gobiernos de turno, han detenido la implementación de la Descentralización como una oportunidad para corregir las inequidades, ineficiencias e injusticias del manejo Centralista del Estado, violando en algunos casos disposiciones legales de la Constitución Política de la República del Ecuador. Lamentablemente en el país por intereses políticos partidistas y ciertos enfoques regionalistas, existen dos lecturas diferentes sobre la vía para lograr una mejor distribución de los recursos financieros, así como de las competencias, funciones, responsabilidades y atribuciones desde el “nivel central” hacia el “nivel local o seccional”.