Existen las normas constitucionales, legales y reglamentarias suficientes y convenientes para que el proceso descentralizador se cumpla. Además, hay en la casi totalidad de los ecuatorianos la convicción de la necesidad de cambiar radicalmente la actual estructura, fruto de un amplio debate político y académico realizado durante décadas. Lo que no se ha observado es una voluntad real por parte de los conductores del Estado para llevar a efecto el proceso transformador, en ocasiones por la parálisis que produce el sectarismo y, en otras, por la adhesión al inmovilismo fruto de intereses mezquinos de los beneficiarios de la estructura que permite el abuso corrupto del poder, en beneficio propio o de terceros.