El lavado de activos es un delito no aislado que requiere ser tratado por políticas de control; las cuales, deben ser basadas en un conocimiento exhaustivo de su funcionamiento y una capacidad de reacción muy rápida frente las transformaciones que sufren ante las medidas de control de los Estados. También es importante para el caso ecuatoriano, llenar los vacios que tiene la ley contra el lavado de activos, sobre todo en lo que se refiere al uso y la administración de los bienes incautados.