En noviembre de 2010 se publica en México la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. A través de esa ley, se incrementaron las penas y las sanciones contra todo aquel que cometa secuestro. Además, el delito no prescribirá y se perseguirá por oficio, es decir, no hay la necesidad de que se presente una denuncia. Se fortalece la institucionalidad del Estado frente a este tipo de delito, con la consolidación de las unidades antisecuestro.