El Gobierno del Ecuador ha pedido mi extradición, fundándose en que soy uno de los autores del «asesinato perpetrado en la persona de Don Gabriel García Moreno, Presidente de esa República, en 6 de Agosto de 1875.» V. E. debe resolver si concede ó niega la extradición; y para hacerlo ha creído necesario oir el informe de la Excma, Corte Suprema. Antes de que ese informe se expida y de que V. E. pronuncie una resolución definitiva, he creído necesario exponer las circunstancias que me favorecen y rectificar los hechos que alega el Gobierno ecuatoriano. Para realizar este propósito ocurrí á la Excma. Corte Suprema solicitando que se me permitiera instrairme de los documentos presentados para fundar la demanda de extradición. Creía era natural que así se procediera, tanto porque, en último resultado, debe decidirse en estos casos sobre la aplicación á ellos de la ley peruana, cuanto porque, aunque no existen preceptos positivos sobre esta materia, siempre se respeta y se concede amplia libertad al derecho de defensa, especialmente en materia criminal. Existe además un antecedente, que en mi concepto debe aplicarse por analogía, y que consiste en lo estipulado en los artículos 33 y 34 del tratado de Montevideo que el Congreso del Perú ha ratificado debidamente.