La Amazonía ecuatoriana siempre se ha caracterizado por poseer una abundante cantidad de recursos naturales, de los cuales el Estado y las empresas extractivas han sido los principales beneficiarios. A pesar de las grandes riquezas aprovechadas, la mayoría de los pobladores de esta región continúan viviendo en condiciones de pobreza y miseria, situación que se atribuye básicamente a la inequitativa distribución de los ingresos generados. Así por ejemplo, los Gobiernos de turno a lo largo de la historia se han dedicado a repartir las riquezas de la Amazonía básicamente entre las principales provincias del país; las empresas extractivas de su parte, especialmente las petroleras privadas, además del impacto negativo que causan al medioambiente, ni dan trabajo a la población local ni demandan productos locales, pues todo lo traen desde afuera (desde Quito, Ambato, etcétera). Estas exclusiones han ocasionado que en la Amazonía se viva un estado social de conflictividad permanente, provocado por las comunidades cada vez que se intenta implementar en sus territorios proyectos de extracción de recursos naturales, principalmente los no renovables.