En virtud de la normativa ecuatoriana vigente, las personas naturales y jurídicas tienen el derecho a acceder y disponer de servicios financieros de adecuada calidad, para lo cual deberán contar con información verídica, precisa, y no engañosa sobre sus características y contenido. Pese a las regulaciones existentes y si bien la tasa pasiva referencial se calcula en base a montos ponderados y plazos específicos de las operaciones, en la práctica, las instituciones financieras aplican de forma discrecional sus niveles de tasa pasiva, es decir, no hay una metodología definida y transparente para que los socios o clientes que depositan sus ahorros puedan conocer de manera cierta el fundamento de lo que reciben por sus depósitos, ni la posibilidad de conocer el rendimiento positivo nominal de los ahorros, una vez que se deducen los costos por servicios financieros que reciben los depositantes.