Las víctimas del conflicto armado interno han sido reconocidas a partir de la Ley 1448 de 2011 más conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Tras la implementación de esta normatividad, las personas afectadas han accedido a derechos establecidos para realzar de nuevo su dignidad como seres humanos a partir de la puesta en marcha de políticas públicas concernientes a dar asistencia social, humanitaria y brindar reparaciones económicas y simbólicas a las personas que son reconocidas como víctimas por la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas. En sentido, la víctima se vuelve central en el espacio social y político tras esta política de reconocimiento ya que se ha instaurado una responsabilidad pública para que los entes territoriales municipales y departamentales intervengan a través de programas, proyectos humanitarios y sociales a las personas damnificadas por la violencia armada.