En noviembre de 2016, el 26% del padrón electoral de Estados Unidos votó por el entonces candidato a la Presidencia Donald Trump, quien dirigió una campaña electoral con base en la retórica anti-inmigrante que prometía deportar a 11 millones de indocumentados y construir un enorme muro a lo largo de la frontera sur, para lo cual obligaría al Gobierno mexicano a pagar por la construcción del mismo. Al llegar a la Casa Blanca, Trump no perdió tiempo: el 27 de enero de 2017 firmó una orden ejecutiva titulada “Mejorar la seguridad pública en el interior de Estados Unidos”. Esta orden amplía significativamente la categoría de “extranjeros removibles” (Removable Aliens) y señala que los no ciudadanos que han entrado a Estados Unidos cruzando la frontera sin documentos o que han entrado con visas que luego expiraron representan una “amenaza significativa” para la seguridad nacional y la seguridad pública. La orden ejecutiva de Trump y la guía adjunta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) eliminan las prioridades establecidas por el expresidente Barack Obama y ordenan a las agencias federales que empleen “todos los medios legales” contra “todos los extranjeros removibles”, incluyendo a aquellos acusados que no han sido condenados (MPI 2017).