El juicio histórico para ser exacto y autorizado debe ser esencialmente imparcial, desapasionado y justo. Es bien sabido que la crítica y el juzgamiento de los hechos, y especialmente de los sucesos políticos, que son los más expuestos al influjo de las pasiones, nunca fueron ecuánimes ni serenos cuando se pronunciaron en el momento mismo o a raíz de su acontecimiento; y, mucho menos, cuando el autor de tales juicios fue parte interesada y hasta tuvo consecuencias perjudiciales en el desarrollo de un fenómeno político. Tomando en cuenta tales consideraciones no habría deseado comentar el movimiento político que determinó el 26 de septiembre la ruptura de nuestra última Carta Constitucional y la implantación de la actual dictadura.