En los tres lustros que han transcurrido desde la expedición de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado mexicano ha ido consolidando la utilización de las fuerzas armadas en acciones de seguridad pública, con motivo de esas actividades muchos gobernados de manera directa o indirecta han sido objeto de vulneración de sus derechos fundamentales por parte de los elementos castrenses que tienen a su cargo las funciones de seguridad pública. Desde el enfoque garantista se buscará identificar el grado de garantía de protección de los derechos fundamentales a partir de los recursos legales con los que cuenta el gobernado que de manera directa o indirecta sufre una vulneración de sus derechos fundamentales por parte de los elementos castrenses que realizan funciones de seguridad pública.