La política educativa en el Ecuador experimentó una amplia reforma a partir de la aprobación de la Constitución de 2008, siendo el Ministerio de Educación el ente encargado de la política pública. El cambio constitucional dio paso a la aprobación de la LOEI 2011 que estableció la obligatoriedad de la educación hasta el bachillerato, redefinió la oferta educativa con énfasis en el bachillerato unificado y reformó el modelo de gestión, de modo que pudiera darse cumplimiento al mandato constitucional y se pudieran alcanzar las metas establecidas para el bachillerato en el PNBV 2013-2017. Pese a los esfuerzos que vinieron acompañados de un notable incremento presupuestario para este sector, se observa una brecha de implementación de la política pública en términos de efectividad.