Cuando se declaró el estado de emergencia en el sistema carcelario ecuatoriano en 2007, líderes municipales de Guayaquil ordenaron construir la primera prisión de “súper-máxima seguridad”, La Roca, para la segregación de internos considerados una amenaza para el sistema penal. La negación de acceso legal mínimo a los “peores de los peores” prisioneros, merece ser comparada con las condiciones de los “sitios oscuros” [black sites] de los EUA, las guerras interamericanas contra las drogas, haciendo un paralelismo con la guerra global en contra del terror. El artículo culmina con dos conclusiones: 1. Que el acceso físico limitado a los internos, por “zonas de silencio legal” administrativo, exige un enfoque etnográfico sobre las condiciones diarias de la vida carcelaria utilizando contradicciones en la retórica administrativa, y 2. que las medidas para “securitizar” el sistema penal ha aumentado los poderes de los directores de prisiones para coaccionar a los internos y confundir cualquier comprensión jurídica de sus condiciones de vida cotidiana.