Desde mitades del siglo pasado se ha ido consolidando el rol de los Estados latinoamericanos como garantes de derechos, asistidos por un profuso andamiaje normativo y respaldado por compromisos jurídicos asumidos con organismos transnacionales. En este escenario de responsabilidades acordadas: ¿cómo han respondido estos países a la diversidad de personas que pueblan sus geografías? Con esta meta como horizonte, se considera a las políticas educativas, en tanto representan la puesta en práctica de un derecho, como ámbito privilegiado de indagación, particularmente la inclusión educativa. No obstante, visibilizar las necesidades de alteridades tradicionalmente relegadas habilitó no sólo el cuestionamiento a las prácticas escolares clásicas si no también trastocó irreversiblemente en los lineamientos basales de los niveles de educación común, pública y obligatoria. Poniendo el foco en los servicios educativos que efectivamente reciben las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, un colectivo diverso y con una notoria historia de no reconocimiento que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (2007) intenta subsanar, se aborda la reflexión sobre las respuestas que, en términos de política pública, los Estados latinoamericanos ofrecen a este grupo heterogéneo, no sólo como expresión de respeto sino también de reconocimiento del valor y la riqueza que aportan las diferencias humanas a la sólida construcción de sociedades democráticas y republicanas, afianzadas en un compromiso real con los derechos humanos.