En el 2008 se aprueba en el Ecuador una nueva Constitución, que garantiza un Estado Constitucional de Derechos. La Seguridad Ciudadana es una de las garantías adoptadas en la misma. En su problemática, la Política de Seguridad Ciudadana incluye a varios actores del Estado y de la sociedad civil, dado el vertiginoso crecimiento del riesgo por los altos índices de criminalidad en los ámbitos público y privado, lo que ha provocado que los gobiernos establezcan mecanismos de defensa y protección también crecientes para los ciudadanos. Dentro de estos, las víctimas y testigos aportan al proceso penal y al combate contra la impunidad, y tienen derecho a la protección especial del Estado, para evitar la revictimización, protección de amenazas y otras formas de intimidación.