La extracción de recursos naturales se ha convertido en una forma de desarrollo muy disputada y conflictiva en América Latina. Se han abierto espacios políticos para la resistencia, basada en los derechos humanos, que son utilizados cada vez con mayor frecuencia. Sin embargo, se le ha prestado poca atención a las metodologías empleadas para realizar evaluaciones de esos emprendimientos basadas en los derechos humanos. En este artículo se explora una metodología específica en ese campo, enfocada especialmente en proteger los derechos e intereses de las comunidades locales e indígenas.