Perú empezó en el año 2001 una reforma descentralista, la octava a lo largo de su historia republicana. Ninguna antes funcionó y esta última pareciera colapsar a pesar de los mensajes y esfuerzos episódicos por darle continuidad e intentar profundizarla. Las causas de estas limitaciones se ubican en un escenario de escasa voluntad y decisión política para propiciar reformas sustanciales; de precaria institucionalidad y ausencia de liderazgos democráticos que promuevan un proyecto nacional de desarrollo descentralizado e inclusivo; de presencia de un modelo capitalista de acumulación que convive con el centralismo, los monopolios, la informalidad, la ilegalidad y la corrupción extrema, comprometiendo a los cinco últimos presidentes de la República; y, finalmente, de frágil gobernanza y pendiente construcción de ciudadanía.