Luego de la crisis del modelo neoliberal en la Argentina, la preocupación por el rol del Estado tomó un lugar preponderante en la agenda pública y académica. En este marco, a partir del año 2003 el Estado Nacional argentino adquirió centralidad en el escenario político buscando dar respuesta a las nuevas encrucijadas macroeconómicas y las problemáticas vinculadas a la desintegración social. Para esto, las intervenciones estatales fueron acompañadas por la generación y/o rediseño de instancias institucionales para abordar las múltiples cuestiones sociales que se resolvieron enfrentar desde el gobierno nacional. En este proceso, aparece la sanción de la Ley 26.727 en el año 2011 estableciendo el “Nuevo Régimen de Trabajo Agrario” y la creación del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), organismo estatal que se encargaría de velar por los derechos de las/os trabajadoras/es del sector agrario. Teniendo en cuenta que las instituciones se constituyen y transforman como resultado de procesos políticos, esta investigación analiza el proceso de institucionalización de esta ley y el RENATEA en el marco del conflicto político entre la fuerza de gobierno y las entidades gremiales del sector agrario nucleadas en la Mesa de Enlace y la UATRE, cuyo hito fundamental inmediatamente anterior se identifica con la disputa alrededor la Resolución 125/08. Al mismo tiempo, se entiende que la constitución de esta nueva institucionalidad fue parte de la profundización de un conjunto de políticas socio-laborales orientadas a la generación de empleo registrado en ramas de actividad que históricamente se caracterizaron por una elevada tasa informalidad. A la luz de este contexto político-institucional, este trabajo realiza una caracterización de las capacidades estatales, tanto en una dimensión política como administrativa, desplegadas por dicho organismo en el período 2011-2015. Así, la Ley 26.727 y las acciones del RENATEA tuvieron como eje la restitución de derechos para trabajadoras/es del sector agrario a partir de una ampliación de las funciones del Estado en el control sobre las condiciones laborales. Por último, el presente trabajo reflexiona sobre los factores que inciden en la estructuración, direccionalidad y sostenibilidad de las instituciones estatales, sus políticas públicas y capacidades en contextos de polarización política.