Las dificultades para garantizar el suministro de medicamentos para el tratamiento del virus de inmunodeficiencia humana/ síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/sida) son recurrentes ante el avance de políticas de ajuste. En Argentina, el engranaje que sostiene el cumplimiento de obligaciones en salud pública es permeable a las crisis. El problema se focalizó en el momento más agudo de la crisis a partir de diciembre de 2001, y se trabajó desde la perspectiva de Oszlak y O´Donnell. El objetivo general de la investigación fue indagar las políticas públicas generadas e implementadas por el nivel nacional, desde la intervención de distintos actores con el fin de garantizar el suministro de antirretrovirales específicos para el VIH/sida durante la crisis del año 2002. Se trabajó con un abordaje cualitativo, se utilizaron expedientes de la gestión de medicamentos del Ministerio de Salud de la Nación y se realizaron entrevistas individuales semiestructuradas a actores clave según su rol durante la emergencia sanitaria. El análisis se realizó según las categorías: Estado, industria farmacéutica y sociedad civil. Los resultados revelan que los gestores del Ministerio de Salud registraron los esfuerzos para cumplimentar con lo necesario para la atención de las personas viviendo con VIH/sida (PVVS). Los organismos de control del Estado se mantuvieron en posturas rígidas y la agencia reguladora nacional de medicamentos apoyó a la industria farmacéutica privada. Los organismos internacionales tuvieron un doble rol: intentaron garantizar el derecho a la salud y direccionaron fondos según sus reglas. La industria farmacéutica privada nacional presionó al Estado para ser beneficiada mientras que los laboratorios de producción pública no fueron considerados. Las PVVS lograron ser parte de la agenda del Estado haciéndose visibles, exponiendo su sufrimiento y su tragedia como víctimas de la vulnerabilidad programática. La reconstrucción realizada muestra que el campo de la salud pública es un campo de fuerzas en reorganización constante, un campo que habilita y renueva preguntas de investigación, que exige perspectivas interdisciplinarias para el diseño y rediseño de políticas públicas que garanticen el derecho a la salud como un derecho humano.