La presente investigación analiza el transporte público eléctrico como una alternativa de política pública fundamental para lograr una movilidad sostenible y contribuir a la mitigación de las emisiones que provienen del sector transporte en las ciudades. Uno de los elementos centrales para la estrategia de mitigación es la normativa. Actualmente no se ha realizado un análisis sobre la necesidad de contar con una ordenanza que regule la electromovilidad en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) y tampoco se han estudiado los posibles obstáculos que pudieran presentarse para cumplir este fin. Es por esto que la presente investigación busca generar insumos que puedan guiar al Municipio del DMQ en su decisión de transformar la flota de transporte público a diésel en eléctrico.