A partir de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en adelante CDPD, en el año 2006,1 la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, en el 20102 y, con mayor énfasis, una vez vigente el nuevo Código Civil y Comercial en el año 2015,3 se tomó contacto directamente con las mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial debido a que la defensa pública asumió la tarea de su asistencia jurídica en los procesos judiciales. Antes de la vigencia de tales normas, a quienes se defendía y representaba en los juicios eran las y los curadores en virtud de que las personas con discapacidad mental eran declaradas insanas, no les era reconocida la capacidad jurídica y, por ende, no eran consideradas parte en los procesos judiciales. Aquellas que siempre habían estado allí –sujetadas por el derecho–, paradójicamente, habían sido ignoradas como sujetas de derecho con derechos. Este trabajo presenta un doble desafío: por un lado, indagar y comprender una realidad compleja y poco abordada en nuestro país, como es el ejercicio de la capacidad jurídica, y por otro, reflexionar acerca del efecto de la misma en la efectivización del derecho al maternaje de las mujeres con discapacidad mental. El primer concepto entraña la dificultad de que resulta una herramienta jurídica novedosa que impone la ruptura con un sistema jurídico que jamás reconoció como sujetas de derechos a aquellas mujeres que categorizó y nombró como «insanas», «idiotas» y «retrasadas», poniendo en tensión todas las prácticas y procedimientos forenses de tradición hasta la fecha. Por otro lado, el derecho al maternaje, en los términos de la CDPD, conlleva la necesidad de la resignificación del derecho al cuidado que ha sido construido en torno a un orden patriarcal que ha despojado a las mujeres con discapacidad de este derecho.