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El agua bajo la visión constitucional del Ecuador es un derecho humano y un patrimonio estratégico. La promulgación de la Constitución de 2008 establece las prioridades del Estado sobre la gestión del agua, donde el consumo humano, el riego para la producción de alimentos y el control gubernamental sobre los recursos hídricos son las directrices para la política pública. Al mismo tiempo, en la provincia de Tungurahua surgía una plataforma amplia de planificación en respuesta al retroceso del Estado en el territorio, que se generó en la década de los noventa.