La impresión general que se destaca del conjunto de artículos es que los impactos sociales y ambientales de las actividades hidrocarburíferas no han sido tomados en cuenta de manera satisfactoria, ni por la industria ni por las autoridades públicas. En este sentido es que se convierten en un problema de gobernabilidad democrática, entendida aquí como el equilibrio entre las demandas sociales y las respuestas del sistema institucional.