En Colombia durante el año 2011 se legitima y formaliza un momento histórico para la nación colombiana: el reconocimiento de la existencia del conflicto armado interno y la responsabilidad del Estado con los ciudadanos víctimas de este, con la expedición de la Ley 1448 de 2011 denominada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras emitida por el Congreso de la República (2011) y los tres (3) Decretos étnicos con fuerza de Ley No. 4633, 4634 y 4635 de 2011 emitidos por la Presidencia de la República (2011). La respuesta a este reconocimiento se instituyó en la creación del Programa de Reparación Integral que comprende las esferas individuales y colectivas de quienes se identificaron, reconocieron, declararon e incluyeron en los Registros de Víctimas como ciudadanos. Ese fue un momento histórico debido a que se tenía el estimado de que habían sido víctimas unas 4600 personas según la Sentencia de la Corte T-025 de 2004 proferida por la Corte Constitucional (2004)1 (que es el antecedente jurídico más relevante antes de la Ley 1448 de 2011) y a quienes se atendían de manera humanitaria inmediata sin identificar la necesidad de reparación integral ni de responsabilidad de los actores armados que originaban el desplazamiento forzado, un ejemplo de esto es que en el año 2004 se observaban como migraciones internas. Pero con el reconocimiento del Estado como responsable en prevenir, atender y reparar integralmente como derecho a los ciudadanos víctimas, se realiza un giro de 180o sobre la forma de abordar el estado de inconstitucionalidad existente y se da estatus de sujeto de derechos a las víctimas del conflicto y a la necesidad de respuesta articulada, especifica y a largo plazo del Estado y los Gobiernos durante el período de funcionamiento de la Ley (10 años a partir de su expedición y aprobación).