Los procesos de juridificación no involucran exclusivamente a las poblaciones afectadas, también implican a los Estados y las empresas extractivas. Al mismo tiempo que proliferan formas de juridificación para cuestionar o disputar los modelos extractivistas, se evidencian patrones cada vez más comunes de criminalización, estigmatización y violencia contra quienes defienden el territorio (ver Montoya, Sieder y Bravo-Espinosa en este dossier). La criminalización incluye, entre otras acciones, demandas judiciales de empresas a activistas por daños morales o materiales, el uso de mecanismos estatales que suspenden sus derechos fundamentales de participación, asociación y expresión, y el sitio durante determinados periodos a los territorios que están en disputa.