El lavado de activos crece a pasos acelerados en el mundo y nuestro país no es la excepción a pesar de los esfuerzos para erradicarlo. Aun cuando el Código Orgánico Integral Penal vigente determina que estos actos constituyen un delito, sumado a que se han expedido varios cuerpos legales encaminados a combatirlo, ha sido imposible exterminarlo e incluso minimizarlo por la limitada capacidad para identificarlo y sancionarlo.