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A partir del endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos y con el auge de las llamadas “crisis de niños/niñas migrantes no acompañados/as” en el año 2014, y las posteriores crisis migratorias en los 2018 y 2020 (Varela 2015), muchos niños, niñas y adolescentes centroamericanos, entre ellos guatemaltecos, fueron deliberadamente separados de sus familias como efecto del giro antinmigrante. Así mismo fueron detenidos en condiciones precarias debido a su condición de indocumentados, forzados a la deportación a sus países de origen y a una serie de violaciones de derechos humanos, que incluye la vulneración del principio de interés superior, maltratos, abusos, falta de alimentos y otras violaciones de los derechos humanos (Hines 2019).