La industria porcícola en la región poniente de Yucatán, México se caracteriza por su modelo de operación empresarial, altamente monopolizado, con vocación a la exportación, racista e impulsado y respaldado por el Estado. La operación de las mega fábricas de cerdos ha dependido en gran medida del favoritismo estatal, desarrollándose en un marco de irregularidades y corrupción ambiental, resultando en prácticas altamente contaminantes que tienen graves consecuencias socioambientales, particularmente en la calidad del agua. Este tipo de extractivismo hídrico es el resultado de anteponer la noción mercantil y estratégica del agua como un recurso para la acumulación, desvirtuándola de otros valores relacionados con el equilibrio ecológico y para el funcionamiento y sostenimiento de la vida de las comunidades mayas que cohabitan con estas industrias.