En las últimas décadas, una de las principales discusiones en materia de protección de la infancia ha versado en torno a la respuesta del Estado al momento de implementar programas y políticas que contribuyan con el ejercicio de derechos y la construcción de espacios que propicien el desarrollo, esta problemática se ha agudizado en los casos de menores no acompañados y/o separados en situación de movilidad humana quienes requieren de una atención especializada pues al encontrarse en una situación de múltiple vulnerabilidad demandan una respuesta oportuna y eficaz. En el contexto de Ecuador, la creciente ola migratoria ha conducido a diseñar diversos instrumentos normativos que permitan cumplir con dichas finalidades y responder a necesidades emergentes, no obstante, ciertas debilidades del Estado y sus entes rectores al momento de asumir estas competencias han conducido a que sea la cooperación internacional a través de las ONG quienes asuman la responsabilidad de garantismo y protección social.