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Mediante el Decreto 707, emitido por el presidente Guillermo Lasso el 1 de abril de 2023, se puso fin a un período de 14 años (2009-2023) durante el cual rigió una prohibición para el porte de armas de uso civil en Ecuador. El argumento del Gobierno para justificar esta decisión fue que “el objetivo es adoptar una medida urgente frente a los hechos delictivos registrados en el país y frente al enemigo en común que tiene Ecuador que es la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado” (El Comercio, 2023). Ahora bien, ante este argumento surgen al menos dos preguntas relevantes: 1) ¿esta medida realmente permite alcanzar los objetivos planteados: reducción de la delincuencia, narcotráfico y criminalidad?; y 2) ¿qué desafíos entraña la decisión de armar a la sociedad?