El debate sobre la conveniencia o no de la tenencia y portación individual de armas de fuego, bajo la perspectiva de la defensa propia, es habitual en los países en los que es legal su uso por parte de civiles. A menudo, está detrás de la argumentación el manejo de un concepto de seguridad ciudadana basada en la autodefensa y no en la que debe proveer el Estado, mediante una política pública orientada a la reducción y prevención de los efectos de la proliferación de armas en una sociedad. Es indudable que permitir la adquisición de armas de fuego por parte de las personas incrementa su propagación y uso en cualquier país, elevando de igual forma el posible riesgo de muerte o grave lesión a causa de un proyectil. Tomar dicha decisión conlleva fortalecer la capacidad del Estado en el control sobre la importación, tenencia, circulación y uso de las armas en manos de civiles.