En 2019, durante el gobierno de Lenin Moreno, se suscitaron una serie de protestas, a raíz de la implementación de reformas recogidas en el decreto ejecutivo 883 emitido durante una cadena nacional el 1 de octubre de 2019. El decreto generó un fuerte rechazo por parte de un importante sector de la ciudadanía, entre ellos, organizaciones sociales, especialmente el sector indígena. En el marco de las protestas, y mediante el decreto ejecutivo 884 se declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional, medida que significó la suspensión y/o restricción del ejercicio del derecho a la libertad de asociación y reunión, la ejecución de requisiciones, la limitación del derecho a la libertad de tránsito y el establecimiento de una zona de seguridad en todo el territorio nacional