El análisis de la violencia homicida en Colombia en las últimas siete décadas permite comprender por qué el país ha permanecido por largos periodos sumido en altos niveles de violencia, y sólo por periodos cortos retoma la senda de la seguridad y la paz. Ciclos durante los cuales se pasa de la ausencia total de la garantía de seguridad de los ciudadanos por parte de un Estado instrumentalizado a los intereses y beneficios de los partidos tradicionales, a la seguridad del Estado, ante las amenazas del conflicto armado (grupos guerrilleros y paramilitares) y, el crecimiento y consolidación del narcotráfico. Amenazas que aún persisten y en medio de las cuales, con la promulgación de la nueva Constitución de 1991, el Estado reconoce la seguridad de los ciudadanos como un derecho que debe garantizar y proteger. En estos últimos treinta años, algunos gobiernos han avanzado en esa materia y otros han retrocedido, pero el balance general es positivo, aunque hace falta todavía mucho por hacer para que el país tenga mejores resultados y, sobre todo, tenga un manejo civilista de la seguridad ciudadana.