Durante los últimos años, Ecuador ha realizado grandes avances para asegurar la estabilidad financiera de las áreas protegidas. La actual Constitución Política (2008) señala que las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y obligatoria, declara como estratégico al patrimonio natural, y refuerza el rol planificador y administrador del Estado con la consiguiente responsabilidad de impulsar su financiamiento. Así también, compromete la participación de otros actores conforme sus capacidades y jurisdicciones.